derechos de las personas y grupos de obtener una respuesta rápida, eficaz y justa para proteger sus derechos, prevenir o solucionar disputas y controlar los abusos de poder a través de un proceso transparente y eficaz en el que hay mecanismos disponibles, asequibles, responsables y basados en la igualdad
Los Estados tienen obligaciones en el marco de las leyes internacionales de garantizar el acceso a la justicia. El acceso de las mujeres a la justicia es un marco legal y constitucional que garantiza sus derechos, pero sin educación, sensibilización y poder en la toma de decisiones, las mujeres son, a menudo, incapaces de reclamar sus derechos, obtener la ayuda judicial o acudir a los tribunales. En un sentido procesal, el acceso a la justicia significa proporcionar a quienes buscan garantizar sus derechos asignados lo siguiente: información apropiada y comprensible sobre el alcance de estos derechos y como tener acceso a ellos, una infraestructura accesible fácilmente (tanto en el sentido formal como en el práctico) para adquirir esta información y actuar luego, calidad del funcionamiento de la infraestructura en la práctica y confianza en la utilidad e integridad de la infraestructura. Para evitar la victimización secundaria y la estigmatización de las mujeres durante los procedimientos judiciales, se requiere adoptar un enfoque con sensibilidad de género. Un aspecto real de la justicia se centra en garantizar que los resultados legales y judiciales sean «justos y equitativos».